En mayo de este año Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla, dirigentes de la AFP Habitat, se sentaron por primera vez ante un tribunal para prestar declaración en un juicio oral. Ambos estaban ahí en busca de cerrar un círculo, uno que comenzaron a dibujar entre 2009 y 2010, cuando vieron por primera vez unas operaciones bursátiles raras, opacas, entre Julio Ponce Lerou, el controlador de las sociedades cascadas y SQM, y personas y sociedades relacionadas con él (ver y descargar declaraciones al final de este artículo).

Se trataba de las primeras señales de lo que más tarde sería conocido como el “Caso Cascada”, el mayor escándalo financiero que ha vivido Sanhattan en su historia. Las movidas de Ponce eran, en aquel tiempo, apenas una borrosa incógnita que le quebraba la cabeza a muchos. Varios corredores de bolsa y empresarios sospechaban que algo pasaba con esas sociedades, pero nadie había podido establecer un esquema defraudatorio.

Todas esas operaciones describían el mismo modus operandi: vender barato y volver a comprar caro, un patrón muy inusual.

A principios de la década corría por las oficinas de todo Sanhattan un documento anónimo, conocido como el "panfleto", que recién ahora se sabe que fue elaborado por el analista de Raimundo "El Paila" Valenzuela, un inversionista que se ha hecho conocido por agresivas y arriesgadas apuestas. Ese documento pasó de mano en mano y nadie se lo atribuyó. No se podía, en términos formales, hacer mucho con él. Pero, secretamente y de forma paralela, Rodríguez y Bezanilla habían trabajado en su propio documento, uno que más tarde serviría como una denuncia formal y en el cual describieron preliminarmente siete operaciones que perjudicaron sus fondos de pensiones.

Todas esas operaciones describían el mismo modus operandi: vender barato y volver a comprar caro. A modo de ejemplo, el documento describió la venta, a una sociedad relacionada a Ponce, de 126 millones de acciones de Pampa Calichera que tenía Oro Blanco (ambas sociedades cascada), a 576 pesos cada una. A los pocos meses, Oro Blanco recompró esas mismas acciones de Pampa Calichera a la sociedad relacionada a Ponce, pero ahora a 859 pesos cada una.

La operación no parecía tener lógica. Y como Habitat tenía el 3,1% de Oro Blanco, calculó el perjuicio para el fondo de la AFP en US$ 2 millones.

La operación no parecía tener lógica. Y como Habitat tenía el 3,1% de Oro Blanco, calculó el perjuicio para el fondo de la AFP en US$ 2 millones.

Ese fue solo un lunar del esquema, pues los fondos de Habitat fueron defraudados por un total de US$ 11,6 millones. Todos los fondos de pensiones del sistema previsional, en tanto, perdieron entre US$ 31 millones y US$ 44 millones, de acuerdo a la declaración ante la fiscalía de Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones.

¿Pero cómo Rodríguez y Bezanilla lograron poner en papel operaciones tan complejas? ¿Cuándo entregaron los antecedentes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)?

En sus declaraciones en el juicio oral, ambos detallaron el papel de la AFP en el caso y las pistas que los llevaron a enfrentarse a Julio Ponce y compañía.
Operaciones extrañas

"Desde 2009 se empezaron a ver operaciones que, por su monto, por los precios a los cuales se realizaban con sociedades relacionadas o vinculadas a la compañía, eran extrañas. Parecían carecer de una lógica de negocios y nos empezó a llamar la atención ya desde el 2009", dijo Alejandro Bezanilla ante el tribunal en mayo pasado, cuando le tocó explicar la génesis del caso y el involucramiento de Habitat en el mismo.

Si el Ministerio Público logra probar que Aldo Motta, el gerente de las cascadas, es culpable de los delitos de manipulación bursátil, se comprobará penalmente la existencia del esquema bursátil defraudatorio. Y ello llevará al pez gordo de este caso: Julio Ponce Lerou.

Bezanilla también recordó que en la junta de accionistas de 2010 de Norte Grande, la sociedad cascada que está en la cima de la estructura piramidal que ocupa Ponce para controlar SQM, propusieron como director independiente al ex ministro de Economía y ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro.

"El objetivo de ponerlo como director independiente en Norte Grande fue, básicamente, porque pensamos que él podría cumplir un rol en supervisar, mirar desde dentro y, de alguna manera, resguardar los intereses de los accionistas minoritarios en este tipo de transacciones", dijo Bezanilla. "Entonces, ya desde el 2010 nosotros teníamos algún grado de incomodidad con las operaciones que se estaban realizando".

Cristián Rodríguez contó algo similar cuando tuvo que prestar testimonio ante el tribunal. "Se toma la decisión de vender unas acciones y, al poco tiempo, se toma la decisión de comprar las acciones. Llama un poco la atención el hecho de que son las mismas personas y es el mismo grupo económico. Pero lo otro que pasa, y que llama más la atención, es que estos paquetes accionarios no eran de montos bajos. Estamos hablando de montos altos, varias decenas de millones de dólares en algunos casos. Y estas transacciones se realizaban con poca anticipación o en forma directa en la bolsa".

Esa carpeta sería una pieza clave del puzzle que la SVS ya estaba armando en contra de Julio Ponce Lerou y por el cual lo multó en septiembre de 2014, junto a otros empresarios y corredores relacionados a él, en US$ 75 millones.

Fue precisamente en esta etapa, a mediados de 2012, cuando el entonces presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, junto a Rodríguez, Bezanilla y otros analistas, comenzaron a trabajar en una investigación más a fondo sobre las sociedades cascada. 

"Llegamos a la conclusión de que había que hacer una investigación más profunda, y por eso fuimos a la SVS luego de hacer este estudio preliminar y le solicitamos que investigara la historia completa", reveló Bezanilla ante al tribunal. "Queríamos asegurarnos que esas transacciones se habían hecho legalmente, que hayan tenido el objetivo del beneficio social y no el de algún accionista en particular o de algún sujeto en particular. Así que fuimos a la SVS en julio de 2012 y en esa reunión le mostramos la información que nosotros habíamos podido recabar hasta el momento".

De acuerdo al testimonio de Rodríguez, que le dieron a Fernando Coloma el entonces titular de la SVS, "fue una carpeta física con todos los antecedentes que habíamos logrado recabar de la información pública, es decir, las transacciones que había en los terminales de la bolsa que estaban registradas, algo de información de las memorias y estados financieros de las compañías y el análisis interno nuestro".

Esa carpeta sería una pieza clave del puzzle que la SVS ya estaba armando en contra de Julio Ponce Lerou y por el cual lo multó en septiembre de 2014, junto a otros empresarios y corredores relacionados a él, en US$ 75 millones. Esa multa fue rebajada por el Tribunal Constitucional (TC) a US$ 3,3 millones en mayo de este año, el mismo mes en que Rodríguez y Bezanilla cerraban su círculo y el caso cascadas comenzaba su silencioso camino penal.

Ese camino, de hecho, es el más peligroso para Ponce. Si el Ministerio Público logra probar que Aldo Motta, el gerente de las cascadas que enfrenta el juicio, es culpable de los delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado, se comprobará penalmente la existencia del esquema bursátil defraudatorio. Esa sola condena podría validar los argumentos del Ministerio Público para el pez gordo de este caso: Julio Ponce Lerou, quien aún está bajo investigación, a la espera de lo que pase con Motta, su ex gerente y, considerado por muchos en Sanhattan como su palo blanco en todas estas operaciones.